Fecha: 19 de septiembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión
Ceuta: el parche y la herida
El caótico desalojo de las playas de Ceuta ocupa hoy buena parte de las portadas. Conviene detenerse en lo que hay detrás de las imágenes de carreras, disparos al aire y miles de personas tratando de encontrar un lugar donde pasar la noche.
Porque, ciertamente, algo es algo. Que personas que durante semanas han permanecido hacinadas en las playas, durmiendo sobre cartones, tiendas improvisadas o directamente sobre el suelo, hayan podido ser trasladadas a instalaciones mínimamente acondicionadas constituye, desde una perspectiva puramente humanitaria, una mejora. El nuevo dispositivo del puerto, pensado para 1.700 personas, pasó su primera noche sin incidencias reseñables.
Pero esta medida a modo de parche ha dejado al descubierto la magnitud de la herida. En las playas del Trampolín y de Benítez había más de 4.000 personas, y más de 2.000 tuvieron que volver a los asentamientos al no encontrar plaza. Después de cincuenta días, el Estado sigue sin dar respuesta a miles de personas que permanecen en territorio español en condiciones extraordinariamente precarias. El operativo del viernes, con 240 agentes y unas cinco horas de despliegue, lejos de resolver el problema, terminó mostrando sus dimensiones: una capacidad de acogida insuficiente y una organización que la propia vicepresidenta de la ciudad calificó de caótica. Según Reuters, la policía disparó balas de goma al aire y golpeó con porras a algunos inmigrantes.
El caos no ha de servir para tapar dos dimensiones agudas del problema:
Una entrada masiva que exige algo más que una explicación migratoria
La primera es la naturaleza de aquella entrada. Más de 72.000 personas cruzaron irregularmente la frontera los días 30 y 31 de julio. La mayoría regresó a Marruecos en pocas horas, y esas devoluciones merecen por sí solas un escrutinio jurídico que apenas se ha hecho. Según las cifras oficiales, la entrada se cobró 82 muertos en el lado español y 14 en el marroquí, y las organizaciones de derechos humanos apuntan cifras superiores. Entre quienes se quedaron hay, según estimaciones de agosto, unos 2.000 menores, que no pueden ser devueltos sin garantías. Y cuántos permanecen hoy es objeto de disputa: el Gobierno estima en unos 10.000 los que continúan en Ceuta; sobre cuántos están en la calle, el Ejecutivo calcula entre 3.000 y 4.000, mientras la ciudad autónoma habla de unas 13.000.
Es difícil contemplar esas cifras como si estuviéramos ante un fenómeno migratorio convencional. No porque pueda afirmarse, sin más, que cada persona que cruzó la frontera participara conscientemente en una operación política, sino porque la dimensión, la simultaneidad y el carácter fronterizo del fenómeno obligan a plantearse algo más que lo migratorio. En mayo de 2021, ante una entrada mucho menor, Pedro Sánchez afirmó que la integridad territorial de España y sus fronteras, que son también las de la Unión Europea, serían defendidas "ante cualquier desafío", y describió aquello como una crisis grave para España y para Europa. Entonces el Parlamento Europeo señaló que la policía marroquí había relajado sus controles. Hoy el Gobierno atribuye la crisis a redes de tráfico y a bulos difundidos en redes sociales, y el Partido Popular lo responsabiliza directamente. Ninguna de las dos versiones ofrece, hasta donde alcanzo, una explicación completa. La pregunta sigue abierta: quién, cómo y con qué grado de coordinación permitió una entrada de esta magnitud.
Puede existir una dimensión humanitaria indiscutible y, simultáneamente, una dimensión fronteriza y geopolítica que el Estado tiene obligación de analizar. Reducirlo todo a crisis migratoria no es una explicación, es una forma de no darla.
El problema del parche
La segunda cuestión es todavía más inmediata: ¿qué ha hecho el Estado durante estos cincuenta días? La respuesta parece encontrarse ahora mismo en carpas, campamentos provisionales y traslados improvisados. El Gobierno sostiene que amplía progresivamente la capacidad y afirma contar ya con unas 6.000 plazas provisionales. Pero esa cifra convive con miles de personas en la calle, con protestas vecinales y ataques a los asentamientos, y con una petición de España a la Unión Europea para que le ayude a procesar a quienes permanecen. La falta de información clara contribuyó además a la confusión durante el traslado. Es difícil llamar a eso una solución. Como mucho, es una gestión provisional de una emergencia que lleva cincuenta días instalada.
Y quizá ese sea el aspecto más preocupante de todos: que el Estado actúe cuando la situación ya se ha convertido en un problema de dimensiones extraordinarias, en lugar de haber dispuesto desde el principio de un dispositivo proporcional a la magnitud previsible del fenómeno.
Una frontera no puede gestionarse a golpe de emergencia
Ceuta no es simplemente una playa donde accidentalmente se ha acumulado un problema humanitario. Es territorio español y, por limitar con un Estado no miembro, frontera exterior de la Unión Europea. Cuando decenas de miles de personas acceden irregularmente en un periodo extraordinariamente corto, la respuesta del Estado no puede limitarse a decidir dónde colocarlas cincuenta días después. Hay que responder simultáneamente a tres preguntas: cómo se protege la frontera, cómo se garantiza la asistencia humanitaria y cómo se determina jurídicamente la situación de quienes han entrado irregularmente.
Convertir el puerto en un campamento resuelve, en parte, dónde duermen esta noche unos pocos. Pero no responde por sí solo a ninguna de esas tres cuestiones. Esa respuesta pasa, al menos, por identificar y clasificar con garantías a quienes permanecen, por un protocolo específico para los menores que no admita más demora, y por una posición clara del Estado, y de la Unión, sobre lo ocurrido en la frontera con Marruecos.
Y ahí está precisamente la paradoja de las imágenes de hoy. El Gobierno puede presentar el operativo como un éxito, dadas las enormes dificultades de la operación. La oposición y los sindicatos policiales cuestionan, en cambio, su planificación y los recursos empleados. Pero quizá ambas cosas puedan ser ciertas al mismo tiempo: que los agentes hayan realizado un trabajo extraordinariamente difícil y que la planificación política y administrativa haya resultado insuficiente. Porque cuando, después de cincuenta días, la respuesta consiste todavía en trasladar a parte de los afectados desde una playa hasta unas carpas del puerto, lo que tenemos delante no es la solución de una crisis.
Es la evidencia visible de que la crisis continúa.