Fecha: 22 de septiembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión
Cuando el ejercicio del poder público destruye el interés general
A veces las controversias políticas son algo más que meras controversias. Cuando afectan a la relación entre el poder ejecutivo, los partidos y la Justicia, estamos ante una afectación profunda de las instituciones.
La apertura de juicio oral contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación —acordada a instancias de la acusación popular el 21 de septiembre de 2026 por el juez Juan Carlos Peinado— ha desencadenado una nueva ola de declaraciones políticas sobre la actuación judicial. El juicio se desarrollará ante un jurado popular.
Al margen del contenido del procedimiento, conviene detenerse en el lenguaje empleado por quienes, sostenidos con fondos públicos, ejercen el poder y se refieren a él.
Fuentes de La Moncloa calificaron la instrucción de «arbitraria e injusta» y de «persecución judicial contra Begoña Gómez por el hecho de ser la mujer del Presidente del Gobierno». Añadieron que durante la instrucción había quedado «clara y demostrada» la inocencia de Gómez y que «así quedará también demostrado en el juicio». Sostuvieron además que eran «incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización» que, a su juicio, habían marcado toda la instrucción, y calificaron de «intolerable» que el auto se notificara coincidiendo con un viaje internacional del presidente.
La secretaria de Organización del PSOE, Rebeca Torró, calificó la decisión del juez como «el último servicio a la patria» antes de su jubilación, e ironizó sobre la coincidencia entre la resolución y el viaje de Sánchez a Nueva York. El propio presidente había distinguido días antes entre «jueces que hacen bien su trabajo y jueces que, efectivamente, no lo hacen», y afirmó respecto de Peinado que «ha hecho mucho daño a la Justicia» y que no sería recordado por haber sido «un juez imparcial». Sobre su esposa, dijo esperar que el jurado hiciera justicia, identificando esa justicia con su «total inocencia».
No todas las voces del Gobierno han usado el mismo tono. El ministro Ángel Víctor Torres manifestó el 22 de septiembre su desacuerdo con aspectos de la instrucción, pero subrayó la importancia de respetar la separación de poderes y las garantías del Estado de derecho. La diferencia importa: no es lo mismo criticar una actuación judicial concreta —compatible con el debate democrático— que cuestionar globalmente la legitimidad o imparcialidad de quienes integran el poder judicial.
No estamos ante una controversia política más: ¿qué ocurre cuando quienes ejercen el poder público utilizan ese poder —o la autoridad que el cargo les da— para defender intereses partidistas o particulares frente al interés general? De la respuesta depende si el sistema se sostiene por sí solo mediante leyes, o si además es imprescindible exigir límites, autocontención y responsabilidad a quienes lo ejercen.
Un miembro del Gobierno puede discrepar de un juez; un presidente, considerar equivocada una resolución; un partido, denunciar lo que estime un uso indebido de los tribunales. Hasta ahí, ejercicio de la libertad política. Decir «la Justicia está actuando por persecución política» o «el juez está causando un daño demoledor a la Justicia» ya no tiene que ver con esa libertad: es atribuir al órgano judicial una finalidad determinada y cuestionar su legitimidad. Y el problema surge de que quienes lo dicen ocupan las instituciones del Estado.
El poder público no es propiedad del Gobierno; se ejerce temporalmente. Por eso un ministro no es dueño de su ministerio, ni un presidente del Gobierno, ni una mayoría parlamentaria son dueños del Estado. El poder existe para servir a la colectividad, y está sometido al Derecho precisamente porque no pertenece personalmente a quien lo ejerce.
Una conducta puede ser ilícita sin constituir delito. Pero quienes ejercen funciones públicas están sometidos también a una exigencia de responsabilidad institucional y ética. Cabe preguntarse: ¿es aceptable usar la autoridad del Gobierno para descalificar reiteradamente a quienes ejercen funciones jurisdiccionales? ¿Es compatible con la neutralidad institucional atribuir intenciones políticas a un juez sin que exista resolución alguna que lo haya establecido? Probablemente la pregunta más importante sea la última: ¿debe un gobernante defender una institución incluso cuando una decisión suya le perjudica? La grandeza de una institución no se demuestra cuando sus decisiones nos favorecen, sino cuando somos capaces de respetarlas cuando nos perjudican.
El caso tiene una dimensión delicada: la acusada es la esposa del presidente, que debe encajar el interés personal y de su entorno, por un lado, y su responsabilidad institucional, por otro. Ambos residen en la misma persona, pero no deberían confundirse. Un ciudadano tiene derecho a defender a su esposa; un militante, a su partido. Pero un presidente del Gobierno tiene además una obligación institucional que trasciende sus intereses personales y partidistas. La cuestión esencial es dónde termina la defensa legítima de un interés particular y dónde empieza la utilización del poder institucional para defenderlo.
Una declaración aislada puede ser un exceso verbal. Una sucesión de declaraciones semejantes durante un periodo prolongado plantea algo distinto: una pauta de comportamiento político, que puede estudiarse objetivamente sin necesidad de penetrar en la conciencia de nadie. Basta con examinar lo que se dice, cuándo, desde qué posición institucional y cómo se relacionan esas declaraciones entre sí. Cuando eso se repite, el análisis deja de referirse a una frase y pasa a referirse a una conducta pública documentable. Y ahí empieza la cuestión moral, porque quien dispone de poder tiene una responsabilidad especial sobre el uso que hace de las palabras.
Una democracia puede soportar gobiernos de distinta ideología, alternancias, conflictos parlamentarios e incluso una gran dureza en la confrontación política. Lo delicado es que el poder llegue a considerar que defenderse a sí mismo equivale a defender el interés general. Ese es el punto en que el poder corre el riesgo de convertirse en un fin en sí mismo: el poder que debería servir a la sociedad empieza a usar a la sociedad —y a sus instituciones— para conservarse.