Fecha: 17 de septiembre de 2026
Autor: R. Trigo
Categoría: GENERALISTA
Tipo: Artículo de opinión
Ceuta y los menores: del debate político al bloqueo institucional
El titular de El País —«El PP cierra la puerta a que menores de Ceuta vayan a la Península»— responde a un cambio significativo en la posición del Partido Popular respecto de los menores extranjeros no acompañados que permanecen en Ceuta. Conviene, sin embargo, distinguir entre lo que ese titular describe y lo que efectivamente ha ocurrido en sede parlamentaria, porque son dos planos distintos: uno político y otro jurídico, y conviene no confundirlos.
El desencadenante se remonta al martes 15 de septiembre, cuando el Congreso debatió una proposición no de ley de Vox que reclamaba el cumplimiento del Acuerdo España-Marruecos de 2007 sobre menores no acompañados y su retorno concertado, y rechazaba la distribución por el territorio nacional de ningún menor de Ceuta mientras no hubieran terminado las pruebas de edad y los expedientes individualizados de devolución mediante resolución firme. La votación de esa iniciativa se celebró hoy, jueves 17, en el turno habitual de votaciones del pleno.
La iniciativa fue derrotada, pero con un dato que merece atención: el PP fue el único grupo que acompañó a Vox, mientras que el resto de la Cámara —PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV, BNG, Junts, entre otros— votó en contra. Es decir, aunque la propuesta no salió adelante, la votación permitió visualizar con bastante claridad dónde se sitúan actualmente ambas formaciones respecto de esta cuestión.
La postura de Vox es tajante: los menores que entraron en Ceuta deben ser objeto de procedimientos de retorno a Marruecos y, mientras estos se tramitan, no deben ser trasladados a otras comunidades autónomas. El PP, por boca de su diputada Ana Alós, ha terminado respaldando parlamentariamente esa orientación, aunque con matices propios: insiste en que la responsabilidad de la protección de estos menores como país de origen recae en Marruecos, y rechaza que las comunidades autónomas se conviertan en "la ventanilla de una política migratoria que es competencia del Estado".
El problema de fondo surge porque el Gobierno central propone precisamente trasladar a parte de los menores desde Ceuta a la Península, como medida para descongestionar el sistema de protección de la ciudad. Pero la tutela de los menores corresponde a Ceuta, cuyo presidente, Juan Jesús Vivas, pertenece al PP. Esta circunstancia convierte al Gobierno autonómico ceutí en una pieza imprescindible para materializar cualquier traslado, y explica por qué la posición del PP —aunque formalmente minoritaria en el pleno— tiene un peso práctico que trasciende el resultado de la votación.
El argumento del PP y Vox no consiste formalmente en afirmar que todos los menores puedan ser expulsados sin más. Su planteamiento es que debe darse prioridad a su retorno a Marruecos mediante los procedimientos correspondientes, antes que proceder a su distribución por España. El Gobierno, por su parte, sostiene que la reagrupación familiar es también la primera opción, pero que aquellos menores que no puedan ser retornados legalmente deberán permanecer bajo protección española y, en su caso, ser trasladados a otras comunidades. Conviene recordar, en este sentido, que el propio decreto de ayudas a Ceuta —convalidado el miércoles con el apoyo del PP— incluye una partida específica de 63 millones de euros para la atención de menores migrantes no acompañados: mientras se libra el pulso político sobre el reparto, el sostenimiento de esos menores en la ciudad sí cuenta con respaldo parlamentario amplio.
Aquí aparece la cuestión jurídica esencial: el problema no puede resolverse simplemente mediante una decisión política de "devolverlos" o de "no trasladarlos". Cada menor requiere una valoración individual y deben respetarse las garantías derivadas de la legislación española y de las obligaciones internacionales de España en materia de protección de menores.
Por eso, detrás del titular hay algo más que una discrepancia entre partidos. Existe un conflicto sobre qué debe hacerse mientras se determina la situación jurídica individual de cada menor: mantenerlos en Ceuta, trasladarlos provisionalmente a otras comunidades o iniciar su retorno a Marruecos cuando legalmente proceda.
La votación del jueves no cambió la situación jurídica de los menores —la proposición de Vox fue rechazada—, pero sí dejó constancia de una posición política significativa: PP y Vox coincidieron en rechazar el reparto territorial de los menores y en situar el retorno a Marruecos como alternativa prioritaria.
En consecuencia, el titular de El País puede entenderse como una síntesis periodística legítima de esa evolución política, pero conviene precisar su alcance: "cerrar la puerta" no equivale a que exista una decisión jurídica que prohíba los traslados. Una cosa es la posición política de PP y Vox, expresada en un voto parlamentario sin efecto normativo directo, y otra, muy distinta, el marco jurídico que sigue rigiendo caso por caso. Confundir ambas cuestiones contribuye precisamente a convertir un problema jurídico y administrativo complejo en un simple titular político.